Las zonas fronterizas que separan el mundo desarrollado de las áreas más
deprimidas y pobres del planeta están cada día más tensionadas por el
fenómeno migratorio. Sucede así, entre otras razones, porque los sistemas
globalizados de comunicaciones transmiten a quienes viven en la pobreza, la
exclusión o la persecución y la represión una realidad de bienestar totalmente
diferente a la conocida por ellos y sus ascendientes. Mientras se mantenga la
brutal fractura entre la calidad de vida en una y otra franja, la tentación de
traspasar la barrera separadora de la dignidad y la miseria permanecerá
latente.
Partiendo de la base de que la complejidad del fenómeno migratorio impide la
existencia de una varita mágica que nos aproxime certeramente a cómo
abordarlo, cualquier opinión técnica, por respetable que sea, exige mesura,
sensatez y sentido común. Afrontar los problemas sociales y económicos
asociados a la migración no debería generarnos otros de convivencia,
integración y calidad de vida en las zonas receptoras. El equilibrio entre las
medidas de filtro y control y las de integración social ha de marcar el camino
por seguir.
En España, la política migratoria está caracterizada por la inacción del
Gobierno, a un lado, y por la demagogia sin compromiso del Partido Popular, al
otro.
La visita del presidente Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia tiene más
que ver con la política efectista y cosmética que con la búsqueda de acuerdos y
propuestas que ayuden a disminuir los riesgos de más muertes en el Atlántico
Medio. Su viaje, igual que las declaraciones del ministro Óscar Puente, solo
pretenden la extensión de una columna de humo que tape el abandono al que
están sometiendo a Canarias en materia migratoria.
No podemos seguir tolerando el juego lamentable que se traen socialistas y
populares para la adopción de medidas para un reparto equitativo de los
menores no acompañados entre las diferentes comunidades. Ambos hacen de
la inmigración una partida para perjudicarse mutuamente, sin pensar en
Canarias u otros territorios que también sufren el problema, como es el caso de
Ceuta.
La decisión de dictar un Decreto Ley que obligue al reparto de los menores por
toda España está en manos del Gobierno de Sánchez. Y la de comprometerse
a ratificarlo en el trámite parlamentario, de los populares de Feijóo. Pero la
pasividad de ambos evidencia que, sencillamente, Canarias les importa muy
poco.
Al mismo tiempo, va siendo hora de que se enteren, unos y otros, que una
política migratoria equilibrada para las Islas no se compra con dinero.

¿Dónde quedaron los planes impulsados por el Gobierno de Zapatero después
de la presión de la Comisión Europea? Recordemos que la línea, coordinada
por María Teresa Fernández de la Vega, incluía acuerdos en origen con los
países emisores, planes de cooperación, patrulleras conjuntas para luchar
contra las mafias en aguas de Marruecos, Senegal y Mauritania, control en la
mediana con la guarda costera de la Unión Europea y medidas de recepción,
atención y derivación en tierra. De todo ello solo ha quedado la recepción en el
mar y en tierra y el hacinamiento posterior en los centros habilitados en las
Islas.
Ahora, la política de tinta de calamar del Gobierno con las Islas ha sido
complementada por el ministro de los exabruptos, Óscar Puente, acusando a la
administración canarias de ineficiente en el uso de los recursos procedentes
del Estado. Es curioso que quienes se ponen de parte de los separatistas
catalanes en la condena del Tribunal Supremo por el uso fraudulento del dinero
público falten al respeto, en nuestra propia casa, a la primera institución de
Canarias. Ver para creer.
Pero el ministro sí dijo una verdad: en una población de 50 millones de
habitantes, integrar a seis mil no debería ser un problema. Eso es cierto. Pero
le faltó añadir que distribuidos equitativamente por todo el Estado. Como exige
Canarias.