sola, no puede más

Indignante es el calificativo más suave con el que podemos definir todo lo que
está pasando en torno a las costas africanas más próximas a Canarias, en la
superficie oceánica que nos separa de ellas y en nuestro propio territorio
insular.
Nos referimos con ello a miles de personas fallecidas en el mar, en su intento
de utilizar el Archipiélago como estación intermedia en su camino hacia
Europa. Igual que al desbordamiento, sin precedentes, de los centros
habilitados para acoger menores no acompañados. A lo que se suma la imagen
impactante de grupos de migrantes que deambulan sin rumbo por carreteras y
espacios públicos de algunas de las Islas, mientras esperan ser deportados a
territorio continental.
Resulta lamentable que las mafias que trafican con estas personas campen a
sus anchas, principalmente en las costas de Marruecos, Senegal y Mauritania,
sin un control rigurosos que les disuada sobre el riesgo que supone jugar con la
vida de todos estos seres humanos.
Nada se sabe de las patrulleras conjuntas puestas en marcha durante la crisis
migratoria del año 2009, en las que participaba la Guardia Civil española, con
policías marroquíes, senegaleses y mauritanos. Igual que impera la inoperancia
más supina en el despliegue complementario llevado a cabo en su día, a través
de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que actuaba como
filtro sobre aquellos que lograban superar el control costero de las patrulleras.
Sin controles en origen ni filtros en el mar, la llegada de migrantes a nuestras
costas se está intensificando. La resignación y la impotencia se adueña de
nuestras autoridades, pero el drama humano y el impacto internacional sobre la
imagen del Archipiélago están ahí.
Particularmente dramática y desesperante es la situación de los menores no
acompañados que siguen llegando a Canarias. La Ley de Extranjería vigente
no contempló la situación de este colectivo, porque en el momento de su
aprobación, enero de 2000, era todavía un fenómeno prácticamente
imperceptible.
Una vez sabido que la norma impedía su devolución, el uso de esta vía por
parte de las organizaciones mafiosas que trafican con todos ellos no ha cesado
de crecer. Blindadas las costas del sur de España, Canarias se ha convertido
en el refugio preferente.
Los datos oficiales apuntan a que pronto superaremos la cifra de 6.000
menores no acompañados acogidos en los 80 centros habilitados en las Islas.
Acogida, cuidado y formación, hasta que, cumplidos los 18 años, pasen a estar
en la calle, en situación idéntica a la de los migrantes adultos llegados por la
misma vía marítima.

Canarias sola, no puede más. Las Islas deben asumir un porcentaje de
menores no acompañados acorde con lo que representa su población en el
conjunto del Estado. Es decir, alrededor de un 4 por ciento. Ni uno más.
Sin duda, el reparto porcentual tiene que ser obligatorio entre todas las
comunidades autónomas. La modificación de la ley es el camino. Pese a que el
acuerdo pactado por los gobiernos de España y Canarias resulta esperanzador,
corre serios riesgos de ser bloqueado en el Congreso de los Diputados, por la
mezquina anteposición de las estrategias políticas de los partidos.
Canarias mantiene distribuidos en todo el Archipiélago, en los 80 centros
aludidos, un número de menores no acompañados similar al total de habitantes
de los municipios de Vilaflor, Artenara, Betancuria, El Pinar, Garafía y La
Graciosa.
Mientras la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias,
Candelaria Delgado, avisa de que se tendrá que habilitar barracones para
acoger a todos estos chicos y chicas, el Gobierno de España se niega a utilizar
los antiguos cuarteles militares.
¿Hasta cuándo estamos dispuestos a soportar los canarios tanto abandono y
desidia por parte del Estado?