los justos

El debate sobre la necesidad de controlar el crecimiento de la población en
nuestro Archipiélago aparece y desaparece de la actualidad política y social
como la espuma en el mar. El oportunismo fuerza a partidos e instituciones a
mantenerlo vivo, pero aún no hay una convicción firme de que estamos ante
uno de los retos más importantes a abordar en los próximos años. De
momento, ninguna fuerza política con representación parlamentaria lo ha
asumido como bandera.
Es más, la excusa del alto precio de la vivienda en las Islas y su escasez fuerza
a los gobiernos de las distintas administraciones a la adopción de medidas que,
lejos de actuar como freno al crecimiento, lo acelera.
Con respecto al uso del territorio, en las Islas opera la cultura del todo o nada.
Ya sucedió durante mucho tiempo respecto a la colonización de nuestras
costas. A partir de los años 60, los asentamientos turísticos fueron imitados por
los que aquí vivíamos y, con construcciones de diversas calidades,
destrozamos buena parte de la extraordinaria belleza del litoral. Un movimiento
imparable nos empujó hacia la costa, con apartamentos, viviendas, casetas,
chabolas o cuevas. El objetivo era estar cerca del mar.
Colonizada buena parte del litoral, a finales de la década de los 80 empezamos
a descubrir que la tranquilidad y la calidad de vida ya no estaba solo en la
costa. Las medianías fueron el nuevo paraíso para vivir. Distintas leyes y
normas impulsadas para ordenar el uso de nuestro territorio resultaron
insuficientes para impedir que buena parte del suelo agrario y rústico se viera
salpicado con construcciones desordenadas que, en buena parte, agredieron
un paisaje rural hasta entonces salvaje.
El gran objetivo de muchas familias urbanitas, en las décadas de los 70 y los
80, era primeramente, tener un segundo alojamiento en la costa. Y cuando ésta
empezó a perder su encanto por la masificación, comenzó el éxodo a las
medianías. El resultado ha sido el castigo del paisaje y la dispersión
desordenada de la población, con el consiguiente efecto en el encarecimiento
de infraestructuras y servicios.
Por fortuna, la cultura sobre el uso de un territorio limitado y escaso, como el
canario, ha ido impregnando en la gente. No hace mucho tiempo, la propiedad
sobre un suelo era sinónimo de disposición de un solar para construir. Había
que ejercer mucha pedagogía en los ambientes rurales para hacer entender las
limitaciones que las normas urbanísticas fijaban sobre los usos del suelo, más
allá del título de propiedad disponible.
Las limitaciones sobre el uso de un territorio escaso como es el de las Islas es
una responsabilidad que todos debemos tener para garantizar un bienestar
sostenible a las nuevas generaciones de canarios. Afortunadamente, hemos
avanzado mucho en normativa y, sobre todo, en educación y concienciación.

Pero, sin embargo, no parece que estemos avanzando en la interpretación que
hacen los aparatos funcionariales de las distintas administraciones sobre el uso
del territorio y su correlación sobre la economía y el bienestar sostenible de los
residentes.
Hay una idea que compartimos ciudadanos, empresarios, sindicatos, partidos
políticos, ayuntamientos, cabildos y gobierno sobre la necesidad de apostar, de
manera decidida, por la diversificación de la economía canaria.
Una mayoría social se decanta por el freno de la construcción de nuevos
alojamientos turísticos. Se apuesta mayoritariamente por la renovación y
recuperación de lo obsoleto y, excepcionalmente, por algo de mucha calidad.
La apuesta por impulsar actividades sostenibles que ayuden a diversificar la
economía está dejando de ser un deseo para convertirse en una exigencia.
Pues bien, con ese escenario de fondo, cabría preguntarse sobre quiénes y por
qué se frenan proyectos de equipamientos que cumplen perfectamente con los
parámetros de calidad, complementariedad con la actividad turística y
generación potencial de empleo.
Un buen ejercicio sería poner sobre la mesa los proyectos que duermen el
sueño de los justos en las diferentes islas. En tal sentido, por lo publicado en
los medios de comunicación, dos de estos proyectos llaman poderosamente la
atención: el Siam Park, en el sur de Gran Canaria, y la Ciudad del Cine, en el
sur de Tenerife.
La ejemplaridad, calidad y competitividad del primero en Tenerife goza de
reconocimiento en todo el mundo. Aporta, sin duda, valor añadido a la actividad
turística de la zona. Sin embargo, desde hace años, un proyecto similar espera
por la licencia de un equipamiento que mejoraría la competitividad de la oferta
turística de Gran Canaria. Todas las administraciones valoran la bondad del
proyecto, pero la realidad es que lleva años parado.
La producción cinematográfica es una actividad que, asimismo, encaja a la
perfección con la diversificación de la economía canaria, a tenor de los paisajes
de las Islas, las horas de sol que disfrutamos y los incentivos fiscales de los
que goza el Archipiélago. El cine deja dinero y genera puestos de trabajo.
Pero, recientemente, el CEO de una importante productora denunciaba en los
medios de comunicación que “muchos grandes rodajes se marchan fuera de
Tenerife por la falta de infraestructuras”, para añadir que “hay proyectos
vanguardistas para el cine, creados por los mejores especialistas del mundo,
guardados en un cajón en el Cabildo”. El proyecto de la Ciudad del Cine en
Adeje, languidece como un expediente más sobre la mesa de los funcionarios.