Incomprensiblemente, el Parlamento, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos de las Islas, los partidos políticos con presencia en y, en general, las organizaciones empresariales y sindicales canarias permanecen mudas —salvo honrosas excepciones— ante el abandono y la renuncia descarada que está haciendo el Gobierno de España a su obligación de proteger la cohesión social, la economía y la imagen de Canarias ante la nueva oleada de movimientos migratorios. Es hora de denunciar alto y claro el posicionamiento falso e hipócrita de quienes se apelan sin base sólida al sentimiento humanitario como pilar o fundamento de la política migratoria que está llevando a cabo el Gobierno español. Encerrar en Canarias, contra de su deseo y voluntad, a miles de personas desamparadas y vulnerables no tiene nada de humanitario; todo lo contrario, es un acto inhumano, cruel y egoísta.

Tiene toda la razón el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, cuando denuncia que “están usando a Gran Canaria como cárcel para que no lleguen al continente”. La afirmación de Antonio Morales valdría también para el resto de las islas. La soledad de Canarias ante las mafias que trafican con menores no acompañados conlleva un esfuerzo titánico para nuestra sociedad, dada la obligatoriedad legal de acogida, atención y formación, tareas en la que Canarias Se ha quedado sola en el ejercicio de tamaña responsabilidad.

Asunto diferente es la política migratoria con respecto a los adultos. Debe entenderse que, transcurridos los cuarenta días en los centros de retención, todos aquellos que no hayan sido repatriados tienen derecho a circular libremente. Debemos facilitarles que continúen su camino hacia la Península o Europa. No se les puede condenar a malvivir en las plazas y calles de Canarias.

El periódico El País publicó un reportaje —el pasado día 25, firmado por Maria Martín— titulado “Los desahuciados de la crisis migratoria en Canarias”. La información se hacía eco del abandono y la miseria que están sufriendo los inmigrantes encarcelados de facto en las islas, aproximándose  a la verdadera realidad con la que se encuentran aquellos que pensaban que Canarias era un eslabón más en su camino a Europa. El encierro forzado a los migrantes en las islas es cruel, despiadado, salvaje e inhumano.

Las autoridades españolas han optado por la peor opción en el tratamiento de los que llegan a las islas desde África: retenerlos, aislarlos y condenarlos a buscarse la vida como puedan en la calle. El ministro de Migraciones, José Luís Escrivá, ha señalado recientemente que las obras que se están llevando a cabo en centros militares para retener a los más de siete mil inmigrantes que ahora están en establecimientos turísticos —y a los que llegarán— marchan a buen ritmo. Espera el ministro que a lo largo del mes de febrero estén en condiciones de ser utilizados. Los encierran en centros de retención y a los cuarenta días se les encarcela en las islas, con las puertas de entrada y salida (puertos y aeropuertos) cerradas para ellos.

Desde el punto de vista humanitario es intolerable el tratamiento que se está dando a aquellos que han llegado a Canarias como puente hacia la Península y Europa; han arriesgado su vida en el mar para poder llegar a un espacio de oportunidades, no para ser condenados a la miseria y a la frustración. Además, desde la perspectiva de Canarias el asunto exige una reacción de sus instituciones y  entidades; la deriva a la que está conduciendo el confinamiento de los migrantes en las islas puede resquebrajar nuestra cohesión social y, al propio tiempo, dañar más si cabe la principal actividad económica de las islas.

O el Gobierno de España deja de impedir que los migrantes que llegan a las islas puedan seguir su rumbo a la Península y Europa o refuerza su cooperación, en la amplitud que considere, con los países de partida para evitar su confinamiento en Canarias. Mirar para otro lado es contribuir a echar dinamita al polvorín social y económico en el que la pandemia y sus efectos están metiendo a las Islas.