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Nueva Canarias ha hecho su trabajo; y muy bien, por cierto. Cerrados los acuerdos presupuestarios, ahora la pelota está en los tejados de los gobiernos estatal y canario, de ambos ejecutivos depende ahora que la buena labor negociadora de NC tenga reflejo efectivo y tangible en el día a día de los canarios, en la mejora de las condiciones de vida de la gente de nuestra tierra.

Muchos son los aspectos que, derivados de los acuerdos alcanzados, merecen un análisis detenido. Ahora bien, especial mención deben tener los que redundan de una forma más directa en el fortalecimiento de la cohesión territorial, social y económica en el Archipiélago y de éste con el Estado. En concreto, requiere una reflexión específica el acuerdo sobre el incremento de la ayuda a los residentes canarios en el transporte aéreo y marítimo hasta el 75% del coste de los billetes en los trayectos entre las islas; y, por otra parte, el incremento de hasta el 100 % del coste del transporte de mercancías entre la Península y Canarias.

La trascendencia de este logro es incontestable, como así lo certifica su enorme calado social y económico. El avance va más allá de la cantidad que figure en los presupuestos. Es mucho más que eso; entre otras razones de peso, porque la traslación a las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias refuerzan nuestros derechos singulares y nuestro autogobierno.

El programa con el que concurrimos los nacionalistas -por entonces unidos- a las elecciones generales de 1996 fijaba  como objetivos, entre otros, que a un canario le costara el kilómetro de movilidad lo mismo que a un peninsular los desplazamientos intermodales y, ademas, que el transporte de las mercancías entre Cádiz y el Archipiélago fuera a coste cero, es decir, que nos colocaran en condiciones de poder competir salvando la barrera que levanta el mar.

La subvención a los residentes canarios para el traslado entre islas en 1996 era del 10%. En 1998 alcanzamos un acuerdo con el Gobierno de Aznar y la subvención pasó a ser del 33%. En 2004 dimos otro importante salto cerrando un acuerdo con el Gobierno de Zapatero, gracias al cual se incrementó la ayuda a los residentes hasta el 50%. Ahora la bonificación es del 75%. Un éxito, sin duda. Un éxito de NC y por extensión de Canarias en su conjunto.

Parecida trayectoria ha tenido la subvención al transporte de mercancías. Del escaso 23% del año 1996 hemos ido avanzando, pero con muchas dificultades. La aplicación de la bonificación ha sido mucho más compleja que la del transporte de pasajeros. Ahora bien, felizmente se ha logrado  alcanzar el 100% que figura en el acuerdo suscrito por Mariano Rajoy y Román Rodriguez. Se ha dado un paso de gigante que debe ayudar al fortalecimiento de la unidad territorial de Canarias y a facilitar una economía más competitiva. Quizá, a mi juicio, faltó al guinda de activar la obligación de servicio público entre Canarias y la Península para controlar los precios máximos y acabar con los abusos que se están produciendo. Sin duda, con la actual composición del Parlamento habrán más oportunidades.

A Nueva Canarias y al resto de las formaciones políticas les queda por delante un interesantísimo trabajo. Entre otras tareas, les corresponde estar vigilantes y exigir que de los incrementos a las ayudas del transporte se beneficien los ciudadanos. Todos los partidos, y particularmente el que propició el acuerdo, deben ser exigentes con los gobiernos de Madrid y Canarias respecto al control de los precios  de los billetes.

La comision mixta Canarias-Estado debe dar el visto bueno a los incrementos de precios que puedan plantear los operadores, al estar declarados en Canarias los transportes aéreos y marítimos como obligación de servicio público. En el caso del aéreo, la competencia es del Gobierno de España, pero Canarias forma parte de la comisión que tiene que autorizar cualquier modificación de precios. En el caso del marítimo la competencia es exclusiva de Canarias.

Tan  importante como el logro alcanzado para incorporar este acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado es controlar a partir de ahora que la bonificación beneficie firme y justamente a los ciudadanos. Los operadores se verán beneficiados por el presumible incremento de pasajeros que van a transportar, al tener unos precios más asequibles, pero todos los ojos deben volcarse en garantizar que unos acuerdos tan beneficiosos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente de nuestra tierra.