El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que presentó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno del Estado, con la pretensión de mejorar la transparencia y eficacia del sector público, supone un paso más en la estrategia del PP para arrinconar a las comunidades autónomas y al modelo autonómico que consagró la Constitución de 1978. Es eso. Solo eso. Poco más.

El objetivo de la reforma anunciada a bombo y platillo no es avanzar hacia unas estructuras administrativas más eficientes y menos costosas. Para el PP ese horizonte es una coartada, no un objetivo.

Su objetivo, el que verdaderamente persiguen, es aprovechar la coyuntura para dar un paso más hacia la recentralización que pretenden, para desmontar el Estado de las Autonomías consagrado en la Constitución y, en consecuencia, para reconstruir un modelo de Estado que se acerca a lo preconstitucional.

Acabemos con las duplicidades, de acuerdo; pero hagámoslo suprimiendo ministerios, delegaciones del Gobierno y organismos estatales que son perfectamente prescindibles porque sus funciones están razonablemente descentralizadas.

Pero, vayamos al informe. Para empezar, es el propio informe el primero en ser susceptible de adelgazamiento, pues muchas de las 218 medidas que contiene son reformas ya implantadas -como la reforma laboral, la estabilidad presupuestaria o las políticas de recortes, entre otras-; y, de las que pretende acometer en el futuro, que son las menos, muchas ya fueron anunciadas hace meses y llevan, por tanto, un considerable retraso. Me refiero, por ejemplo, a la reforma del régimen local, a la ley de mercado único, de acción exterior o de transparencia, por poner algunos ejemplos.

En este punto, cabe recordar –y puede demostrarse- que en Canarias estamos seriamente comprometidos con la reforma de las administraciones públicas, un proceso en el que llevamos ya meses de ventaja con respecto al Estado. Prueba de ello es la creación en el año 2011 de un Comité de Expertos -compuesto por personas designadas por las universidades canarias, ayuntamientos, cabildos y Gobierno- que ya ha emitido hasta seis informes conteniendo medidas que en algunos casos –en los que sí consideramos líneas de trabajo necesarias- se han adelantado a las que ahora plantea la comisión estatal; reformas administrativas que no solo afectarán al funcionamiento del Gobierno de Canarias y su Administración, sino que pretenden sentar las bases de la definitiva descentralización a favor de Cabildos y Ayuntamientos.

Hay más. La comisión estatal que durante siete meses ha estado elaborando el informe presentado el viernes ha estado integrada únicamente por miembros designados por el Gobierno de España -sin participación, por tanto, ni de las comunidades autónomas, ni de los entes locales, por poner algunos ejemplos de ausencias injustificadas-. Precisamente por ello, no pasa de ser una visión unilateral, estrecha, incompleta y sesgada del modelo de Estado.

No es de extrañar, por tanto, que sus propuestas constituyan una recentralización de competencias, sin que haya base técnica, ni económica, ni política que sustente la mayoría de sus argumentos.

Centrándonos en el contenido del informe, lo primero que llama la atención es que una vez más el Gobierno del PP culpa a las comunidades autónomas de todos los males. Una vez más, carga el peso de los sacrificios, de los recortes y de las obligaciones en las comunidades autónomas. Una vez más, asistimos a una nueva ceremonia de la confusión promovida desde el Gobierno central, que limita el adelgazamiento de sus estructuras exclusivamente a la supresión o fusión, según establece el informe, de 57 entes.

Muchos de esos entes -al igual que muchas de las estructuras ministeriales- carecen o se exceden de sus títulos competenciales, como son los casos de vivienda, agricultura, ganadería, medio ambiente, ordenación del territorio, costas, sanidad, educación, cultura, turismo, industria o energía, materias respecto a las cuales el Estado no debería tener estructuras si de evitar duplicidades se trata.

Es el Estado el que carga con una megaestructura burocrática, no las comunidades autónomas. Cabe recordar que fue precisamente la descentralización político-administrativa uno de los factores determinantes en la modernización del Estado con la llegada de la democracia.

De ahí que, coincidiendo en la necesidad de evitar duplicidades entre administraciones, cabe proponer que sean los órganos del Estado los que se supriman -fue un histórico dirigente popular, Manuel Fraga, quién defendió en los años 90 la idea de la Administración única a favor de las comunidades-.

Por eso, animamos al Estado a que suprima ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales en esos ámbitos, lo que ahorraría mucho dinero y evitaría duplicidades y burocracia. Y otro tanto debería hacerse con la Administración periférica del Estado, no justificándose ni las delegaciones del Gobierno, ni mucho menos las subdelegaciones (y por ende, en las Islas no capitalinas las direcciones insulares), cuyas funciones se podrían traspasar a las comunidades autónomas, lo que supondría un importante ahorro, así como simplificación administrativa.

Pero es que, además, como apunté al principio, Canarias hace meses que emprendió una amplia reestructuración de la sus administraciones públicas. Hemos reducido en un 20% las estructuras administrativas y el sector público empresarial, y hemos desarrollado ya muchas de las propuestas en simplificación y racionalización que ahora se proponen desde el Estado.

Igualmente, hemos implementado medidas relacionadas con el empleo público, así como la simplificación de trámites administrativos a través del impulso de nuevas tecnologías, donde Canarias es pionera.

Además, muchas de las más de 200 propuestas para evitar duplicidades sugeridas en el informe –que no pueden imponer jurídicamente, aunque se insinúa que intentarán imponerlas a cambio de beneficios en la financiación y/o en los límites del déficit- parten de un falso punto de partida según el cual el Estado gestiona mejor.

Nada más lejos de la realidad. El éxito del Estado de las Autonomía se constata en que la descentralización ha acercado la Administración a los ciudadanos y que ese acercamiento ha mejorado con mucho la gestión. Por ello, sorprende la simpleza –si no estrategia malintencionada- de proponer como única solución la recentralización de competencias.

Un proceso que requiere para poder ser aplicado de reformas legislativas, incluso de los Estatutos de Autonomía.

En definitiva, la reforma anunciada por Rajoy es una visión unilateral y propagandística del PP, una propuesta vaga que tiene objetivos no confesados. Esa no es la reforma que los ciudadanos están esperando.

La reforma anunciada es una reforma a la medida del PP, no a la medida de los ciudadanos ni de las necesidades reales de las administraciones.