Menos trámites, más eficacia

Cuando fui investido presidente del Gobierno, en julio de 2007, me comprometí a iniciar un proceso de modernización en la Administración.

Acercar la Administración de la manera más eficiente y eficaz, reduciendo plazos, costes y cargas administrativas a las empresas, autónomos y ciudadanos en general era y es, sin duda, un objetivo compartido.

Dada la gravedad de la crisis económica que ha sacudido a los países más desarrollados -de la que Canarias tampoco ha podido escapar-, y conocida la dificultad del sector empresarial para sacar adelante iniciativas y proyectos que ayuden a crear empresas y generar empleo, el objetivo de ‘ponérselo fácil’ a quienes lo han tenido difícil se convirtió en una prioridad en mi agenda de trabajo.

Es indudable que las administraciones públicas, a través de sus normas, procedimientos y trámites, ejercen una incidencia directa en el desarrollo económico. Consciente de esta realidad, impulsé una estrategia de simplificación y reducción de cargas administrativas que ha incluido un conjunto de medidas destinadas a minimizar el impacto de la burocracia administrativa en la actividad económica. Hemos favorecido la implantación de plazos menores de respuesta, evitando la frustración que en las iniciativas empresariales provoca la dilación de dichos plazos en los diferentes procedimientos.

En esta misma línea de trabajo, creamos las actuaciones de respuesta inmediata. Hasta 26 actuaciones que antes tardaban hasta cinco meses ahora se resuelven sobre la marcha, en un solo acto. Los certificados de pensiones no contributivas, el reconocimiento del grado de minusvalía, certificados de grado de dependencia y de recepción de la prestación, el carné individual de familia numerosa, la licencia de pesca o la renovación de la demanda de empleo son, entre otros, algunos de los ejemplos que constatan este cambio.

No nos hemos quedado ahí. Pusimos en marcha el control financiero permanente, suprimiendo la fiscalización previa que ejercía la Intervención General, reduciendo con este mecanismo los plazos de pagos a proveedores en la tramitación de las contrataciones o el abono de subvenciones. Casi el 40% de las licitaciones públicas se han declarado de interés público y tramitado por el procedimiento de urgencia, y más del 50% de las subvenciones del Servicio Canario de Empleo han sido tramitadas y resueltas en menos de tres meses.

Instauramos, además, la comunicación previa de inicio de actividad en actividades económicas, empresariales o profesionales, sustituyendo la licencia o autorización previa por la mera comunicación de inicio de actividad. De momento, ha sido implantada para instalaciones eléctricas, la transmisión de establecimientos comerciales, las actividades turísticas, el sistema agrícola de producción integrada de Canarias, la marca Artesanía Canaria, la instalación de máquinas recreativas y actividades clasificadas y espectáculos públicos. Pero iremos a más.

En este orden de cosas, se han aprobado importantes normas para el impulso y la activación económica que liberalizan sectores estratégicos de la economía canaria como la agricultura, ganadería, industria, energía, turismo, planeamiento, instalaciones eléctricas, comercio y actividades clasificadas, así como un nuevo Decreto del Régimen General de Subvenciones, en 2009, que elimina documentos y requisitos, acorta plazos e introduce como medidas más significativas eliminar la exigencia de presentación de facturas cuando se trate de importes inferiores a 60.000 euros, ampliando al 100% el abono anticipado en la ejecución de obras o eximiendo a organizaciones empresariales y sindicales de garantía para el pago anticipado o amplia los plazos para su justificación.

También en 2009 se aprobó la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, con especial incidencia en el área de agricultura al agilizar la tramitación de autorizaciones para actividades agrarias y posibilitando las construcciones e instalaciones con la obtención de una licencia –suprimiendo, por lo tanto, la exigencia de calificación territorial-. Con este paso favorecemos, por ejemplo, la realización sin mayores trámites de obras tales como la limpieza de terrenos, reparación de caños, acequias, gavias, muros de contención o construcción de depósitos de agua y bodegas en zonas de cultivo.

En el ámbito de la ganadería contribuye a la legalización y registro de instalaciones agropecuarias, que una vez legalizadas podrán acceder a las ayudas, subvenciones y fondos europeos. Valga un dato, y es que actualmente se están legalizando más de 200 explotaciones.

En cuanto a las energías renovables, la Ley beneficia la construcción e instalación de proyectos de producción de energía eléctrica de iniciativa privada a partir de fuentes renovables en suelo rústico, con efectos estimatorios del silencio y la instalación en suelo rústico protegido de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o proveniente de fuentes endógenas renovables.

En el campo de la industria se agilizan las reservas para suelo industrial, permitiéndose la reubicación de suelos urbanos a zonas industriales, de actividades nocivas, peligrosas e insalubres. Por lo demás, cabe reseñar que los Planes Territoriales Especiales de Singular Interés Industrial evitarán la especulación con el suelo industrial.

La Ley ya está dando sus frutos, como lo demuestra la creación de tres grandes parques tecnológicos -en Cuevas Blancas, en S/C de Tenerife; Los Estancos, Fuerteventura; y Lomo Silva, en Telde-.

En el sector turístico fija requisitos para la legalización de instalaciones hoteleras, crea incentivos para la renovación y rehabilitación de la oferta turística y la planta alojativa obsoleta -sin consumo de nuevo suelo- e impulsa el aumento de la calidad y mejora del entorno, dotaciones y servicios.

En lo que a planeamiento se refiere, merece resaltarse que la Ley permite la prórroga o convalidación de documentos del planeamiento que por dilatada tramitación incurren en caducidad, con economía procedimental. En este sentido, se prevé suscribir convenios con ayuntamientos para la aprobación de Planes Supletorios y reducimos los plazos en la tramitación de los Proyectos de Actuación Territorial.

Hemos puesto en marcha el reglamento de los procedimientos para a la ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, que establece para las instalaciones de baja tensión de uso empresarial o domiciliario la comunicación previa de inicio de actividad, eliminando requisitos para las instalaciones de alta tensión y reduciendo los plazos de tramitación a la mitad -en la autorización de puesta en marcha de estas instalaciones, basta con la comunicación ya que ha desaparecido la autorización previa-.

Hay más. La Ley de la Licencia Comercial, aprobada en diciembre de 2009, suprime tres procedimientos de concesión de la licencia. En el de transmisión de la licencia sustituye la autorización para la transmisión por la comunicación previa de la misma. Además, se crea una ventanilla única que posibilita la tramitación simultánea de los procedimientos autonómicos para la concesión de la licencia comercial y los municipales para la concesión de licencias de obras y de actividades clasificadas, acortando plazos y reduciendo la documentación a un único ejemplar; modificando, en este orden de cosas, el sentido del silencio administrativo -que pasa de ser negativo a positivo-.

Por su parte, la nueva Ley de Ordenación del Turismo cambia el régimen de autorizaciones de empresas, actividades y establecimientos turísticos, suprimiendo el control previo al reducirlo a la comprobación posterior del cumplimiento de requisitos, una vez se comunique a la administración el inicio de actividad. En esta línea, se han aprobado los decretos de la profesión de guía de turismo, el registro general turístico, la intermediación y actividad turística de restauración o el de establecimientos turísticos.

Ahora bien, indudablemente uno de los hitos más importantes que van a permitir la creación de empresas y la puesta en marcha de iniciativas profesionales, empresariales y económicas es la Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos (PDF), aprobada por el Parlamento el 23 de marzo de 2011.

La Ley regula el sistema de comunicación previa, que se aplicará con carácter general y no requerirá que se dicte resolución por la administración, con efectos inmediatos desde su presentación. De esta forma, la autorización administrativa operará de forma excepcional para las actividades clasificadas que puedan presentar una incidencia grave o muy grave sobre condiciones de salubridad, el medio ambiente o riesgo para las personas o las cosas. En esta dirección, reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra e instaura el silencio positivo automático.

A esta simplificación normativa hemos unido un proceso de modernización tecnológica para la tramitación telemática de procedimientos y servicios, aprobándose un catálogo de procedimientos que reúne toda la información y requisitos de todos los procedimientos autonómicos, las 24 horas sin desplazamientos.

Se encuentran publicados 934 procedimientos, de los que más del 50% permiten la descarga del formulario e inicio por Internet. Está funcionando, desde mayo de 2010, el Registro Electrónico de Documentos para la presentación de escritos, solicitudes o inicio de procedimientos desde casa o desde la propia empresa.

Recientemente se ha puesto en marcha la Sede Electrónica del Gobierno, una web para el acceso a la información y la tramitación de procedimiento y servicios electrónicos, y hemos suscrito convenios para el intercambio de datos, evitando solicitar documentación al interesado sobre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, Registradores de la Propiedad, Consejo General de Poder Judicial y Catastro, entre otros.

El sistema multicanal de información y atención al ciudadano SIAC está reduciendo costes y tiempos de tramitación a ciudadanos y empresas, especialmente en las islas menores. El canal presencial se ha extendido, y ha atendido en los últimos años cerca de 400.000 ciudadanos. El canal telefónico 012, que funciona 24 horas los 365 días, recibe una media de 32.000 llamadas diarias. Y el canal web está recibiendo una media de visitas diarias de cerca de 54.000.

En esta misma línea de trabajo, y figurando en lo alto de mi agenda, siempre he creído en que el empleado público es un actor clave en este cambio de cultura administrativa. Por eso también hemos aplicado medidas en el área de recursos humanos.

Por una parte para la reducción del absentismo laboral, implantando el control de jornadas y horarios mediante un sistema de control por huella digital, intensificando el control del absentismo por causa de enfermedad para el aumento de la productividad o potenciando la labor de las tres inspecciones médicas -lo que ha permitido llegar a unos niveles de absentismo en torno al 5%-. Mientras, en el plano de la formación, se han desarrollado dos planes estratégicos de formación (PDF) para la modernización y la simplificación administrativa.

Creo sinceramente que, como así se pone de relieve con estas y otras iniciativas, el esfuerzo del Gobierno que he presidido ha sido notorio en este campo. Queda camino por recorrer, pero los hechos confirman que nuestra Administración es ahora más eficaz, ágil y eficiente que hace tan sólo unos años.

Como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones del 22 de mayo, le reitero mi compromiso de seguir trabajando en la dirección que nos marcamos y que nos ha caracterizado durante los últimos cuatro años, es decir, multiplicando esfuerzos y acciones para facilitar la relación que debe unir, y no separar, a administradores y administrados.